Explotación de recursos forestales y corrupción: los costos ocultos
Además de la pérdida de biodiversidad y del deterioro a los ecosistemas, la deforestación a causa de prácticas de corrupción tiene efectos económicos y sociales que hasta hoy han sido ignorados
Luis Ortega Argüelles, junio de 2019
Desde los niveles más altos del gobierno hasta los niveles más bajos (como pueden ser, por ejemplo, oficiales) y la sociedad civil, existe corrupción en materia ambiental.
Transparency International asegura que la pérdida de paisajes y de biodiversidad por la destrucción de los ecosistemas, principalmente por las prácticas de tala ilegal y deforestación, a causa de la corrupción, tiene efectos tan importantes que contribuyen al cambio climático e impactan a la calidad de los servicios ambientales.
Los servicios ambientales son aquellos servicios que los diferentes ecosistemas ofrecen a las especies, incluidos los seres humanos, para el consumo o la sobrevivencia. Existen cuatro diferentes tipos de servicios ambientales: culturales (como pueden ser actividades de recreación), de regulación (por ejemplo, el clima), de provisión (como los alimentos) y los de regulación (por ejemplo, el ciclo de los nutrientes).
Como se puede ver, no solamente se amenazan diferentes especies de flora y fauna a causa de la tala y de la deforestación, sino que, en términos ambientales, los seres humanos también podemos vernos afectados.
Para entender un poco mejor estos costos ambientales, es posible relacionarlos con los costos económicos. Peter H. Diamandis establece en su libro Abundancia: El Futuro es Mejor de lo que Piensas, que los servicios ambientales son importantes por dos razones: la primera es que están valuados en 36 billones de dólares al año (aproximadamente el valor de toda la economía global anual), y la segunda es que ninguno de estos servicios puede ser suministrado por nosotros mismos. El Banco Mundial estima que la tala ilegal significa un costo de 23 mil millones de dólares.
A pesar de que en muchos países ya se ha reconocido lo anterior, en muchos otros, alrededor de un 90% de la explotación maderera es ilegal. Desafortunadamente, muchos de los países en los que ocurre esto son países en vías de desarrollo, en los cuales, además de efectos económicos por la pérdida de dinero por corrupción, hay efectos sociales como conflictos, violencia y desigualdad.
Con respecto a lo anterior, María Luisa España y Omar Champo analizaron un caso sobre un conflicto purépecha en Michoacán por la explotación de recursos que se hacía en sus tierras y por la indiferencia de las autoridades ante ello. Se menciona incluso en el artículo publicado que la designación de los recursos forestales a quienes los explotaban tenía involucradas prácticas de corrupción.
Así, mientras las comunidades indígenas han estado muy dispuestas a recuperar su patrimonio (perdido por deforestación dada para la comercialización ilegal de madera y la expansión agrícola) en un contexto de ingobernabilidad, delincuencia, pobreza, y corrupción existe indiferencia de las autoridades para identificar a los responsables de dichas prácticas.
Así como el derecho a la salud, a la vida digna, a la vivienda y a la intimidad, el derecho a un medio ambiente sano es fundamental en la sociedad. Un artículo publicado por Gisele Bonatti de la Universidad de Salamanca afirma que este derecho ha sido obstaculizado por las malas
administraciones y por la corrupción (que puede ser por parte del gobierno o por otros actores como las empresas o la sociedad.
También asegura que hace falta que la sociedad tenga una preocupación real por el medio ambiente y que haga conciencia de que la corrupción daña a la democracia, que el derecho al medio ambiente sano contribuye a la protección y concretización de otros derechos, que es necesaria la participación y empoderamiento ciudadano, y que la transparencia y acceso a la información son fundamentales para combatir la corrupción.
Un alto nivel de corrupción y de falta de transparencia son percibidos como característica del proceso de toma de decisiones de la mayoría de las instituciones de manejo forestal, e incluso de ONGs. Mientras que la gobernanza (que puede entenderse como el nivel de participación ciudadana en la toma de decisiones) reduce la tasa de deforestación, la corrupción dificulta los procesos y condiciones hacia un manejo sustentable de los recursos, y entorpece el ejercicio de la democracia.
Sumado a lo anterior, la corrupción trae consigo algunos costos de oportunidad por tomar la decisión de optar por la impunidad.
La ONU ha planteado el programa de REDD como una iniciativa de incentivos financieros para países en desarrollo que conserven sus áreas forestales a partir de gestión sustentable. Este programa, no obstante, se ha visto opacado por la corrupción en estos países por la gran cantidad de dinero involucrada en la tala ilegal de árboles.
Este programa cuenta con cinco diferentes actividades: la reducción de las emisiones debidas a la deforestación, la reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal, la conservación de las reservas forestales de carbono, el incremento de las reservas forestales de carbono y la ordenación forestal sostenible.
Para solucionar los principales problemas tanto ambientales como económicos y sociales, es necesario que la gente esté enterada de lo que sucede actualmente y que entiendan los efectos que la corrupción tiene. Asimismo, se necesita de un entrenamiento especial para las autoridades, de manera que sean competentes en la protección ambiental y que comprendan que las acciones deben estar a favor de nuestros valores como sociedad.
Es también necesaria la participación social donde presionen a gobiernos y empresas practicantes o que permitan la deforestación y la corrupción, tal como sugiere Transparency International.